La Contraloría General de la República reveló este domingo lo que calificó como “un gran daño al patrimonio del Estado”, tras asegurar que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –Cremil- perdió $577.813 millones por un mal negocio inmobiliario. El primero por $543.643 millones, y el segundo, por valor de $34.169.

De acuerdo con el informe de la auditoría financiera, la Caja transfirió el derecho real de dominio sobre 14 inmuebles ubicados en la carrera 7 con calle 100, sin garantía alguna que protegiera el patrimonio.

Son en total 16.819 metros cuadrados para oficinas comerciales de la Torre 2 y sus 289 estacionamientos o parqueaderos para rentar.

“El daño patrimonial total cierto, real y cuantificado asciende a la suma de $577.813 millones, representado en el menoscabo que sufrió́ el patrimonio de Cremil, como consecuencia de la entrega de los 14 lotes”, asegura la Contraloría General.

Según el órgano de control, dadas las actuales condiciones jurídicas y económicas del proyecto inmobiliario, el daño patrimonial configurado tuvo origen en el modelo de negocios escogido por la Caja para materializar la inversión, el cual consistió en una adhesión, en calidad de fideicomitente adherente, por parte de la entidad al patrimonio autónomo Fideicomiso de Administración América Centro de Negocios, cuyo vocero es Fiduciaria Itaú, a través de la cual hizo la transferencia de los 14 inmuebles de su propiedad.

Para la Contraloría, no es posible recuperar estos recursos públicos que aportan el 8% del total de las asignaciones de retiro del personal de las Fuerzas Militares, por la falta de garantías.

Otro daño patrimonial

Esta misma auditoría financiera determinó un segundo gran daño patrimonial por la suma de $34.169 millones correspondiente al valor de multas conminatorias adeudadas por el promotor inmobiliario Aldea Proyectos a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, desde el 21 de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022.

“Al Cremil no haber recibido la totalidad de los recursos adeudados por este concepto, éstos debieron cobrarse conforme se pactó́ en la cláusulas octava y novena de la Escritura Publica No 798 de 2015. Toda vez que las multas generadas desde el 6 de agosto de 2019 son obligaciones autónomas e independientes del compromiso de entrega de la Torre 2 y sus 289 estacionamientos”, indicó la CGR.

En consecuencia, el órgano de control fiscal considera “ineficaz” la gestión fiscal por cuanto el modelo de negocios planteaba un riesgo muy alto que no responde a la misionalidad de la Caja, la cual tiene por función la administración y garantía de las asignaciones de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares, y no inversiones inmobiliarias”, de acuerdo con el Contralor Delegado para el Sector Defensa y Seguridad, Luis Eduardo Parra.